Aspectos clave de la Ley de Morosidad en el transporte

Aspectos clave de la Ley de Morosidad en el transporte

Los retrasos en los pagos por parte de los clientes son un problema común para empresas y autónomos. Por eso, la legislación ha buscado fórmulas para mejorar la situación. Una de ellas es la conocida como Ley de Morosidad en el transporte.

Qué es la Ley de Morosidad en el transporte de mercancías

La Ley 13/2021 se conoce con el sobrenombre de Ley de Morosidad en el transporte de mercancías, y supuso una importante modificación de la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres en lo relativo a las infracciones cometidas en relación con los plazos de pago. Además, está alineada con la Ley 3/2004, que determina las medidas de lucha contra la morosidad en el marco de las operaciones comerciales.

Es una normativa que regula los plazos de pago dentro del sector del transporte por carretera y otras actividades de tipo logístico. Con el fin de evitar la morosidad, es decir, los retrasos en los pagos. Se encarga de garantizar a los transportistas que recibirán el pago por los servicios prestados dentro de un plazo razonable.

Cuáles son los objetivos principales de esta Ley

La Ley de Morosidad tiene como finalidad principal modificar algunos aspectos clave que ya estaban regulados en la Ley 16/1987, pero que requerían de un ajuste: el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), la lucha contra la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera y la mejora de la gestión en el ámbito del transporte y de las infraestructuras.

En materia de lucha contra la morosidad, que es lo que nos interesa ahora, lo que hace esta norma es reforzar las medidas que ya estaban vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Estableciendo sanciones para garantizar que los transportistas reciban el pago por sus servicios en un plazo máximo de tiempo que determina la propia norma.

Este aumento en la transparencia y en la mejora de las condiciones de pago busca aliviar la carga financiera que sufren especialmente las pymes, que son las más afectadas por los retrasos en los pagos en este sector.

Cuál es el plazo para el pago de facturas

El artículo 4 de la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales establece qué, si las partes o el contrato no establecen nada al respecto, el pago del servicio debe hacerse en un plazo de 30 días naturales desde la prestación del servicio o la recepción de la mercancía.

Por acuerdo entre las partes se puede ampliar el plazo de pago, pero este no puede superar en ningún caso los 60 días naturales.

Esto implica que, en todas las operaciones de transporte de mercancías, el cliente debe abonar la factura a su proveedor en un máximo de 60 días naturales. Si no lo hace, se entenderá que incurre en morosidad y se le podrán aplicar sanciones.

Qué sanciones impone la Ley de Morosidad en el transporte

En la Ley de Morosidad el plazo de pago máximo es de 60 días, y no cumplirlo implica la imposición de una sanción.

El artículo 141 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres califica como infracción muy grave sobrepasar el plazo máximo legal de pago en aquellos casos en los que el obligado al pago no sea un consumidor y el precio del servicio sea igual o inferior a 3000 euros.

En materia de infracciones graves se han producido numerosos cambios, pero todos ellos tienen la particularidad de que vinculan el importe de la sanción con el importe del servicio no pagado. De esta forma, se van a sancionar con multa de 401 a 500 euros las infracciones previstas en el artículo 141 relacionadas con la morosidad, cuando el precio del transporte sea inferior a 1000 euros.

La multa irá de 601 a 800 euros si el precio del servicio acordado está entre 1000 y 1500 euros. Si el precio está comprendido entre 1501 y 3000 euros, entonces el moroso puede ser sancionado con una multa de entre 801 y 1000 euros.

Las multas de 1001 a 2000 euros están previstas para quienes cometan infracciones relacionadas con el pago en servicios cuyo valor está entre 3001 y 4000 euros. Para los servicios con un valor de entre 4001 y 6000 euros la sanción oscila entre 2001 y 4000 euros. Cuando el precio del servicio contratado y no pagado exceda de 6000 euros, el moroso puede ser sancionado con una multa de 4001 a 6000 euros.

Se regula, además, un supuesto especial sancionado con multa de 6001 a 18 000 euros para el caso de que haya reiteración en la comisión de este tipo de infracciones.

La Ley de Morosidad en el Transporte ha implementado un sistema de sanciones muy elevadas para acabar con los retrasos en el pago. Si quiere evitar estos problemas en su negocio, con el software que te ofrecemos en Gesruta es sencillo controlar los vencimientos de las facturas emitidas y recibidas de transportistas, lo que ayuda a cumplir la ley.

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